A pesar de su presencia en pequeños comercios de barrio, las máquinas tragamonedas son ilegales. Su operación no solo infringe la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sino que fomenta problemas de adicción y pérdidas económicas inmediatas que impactan de manera directa en el presupuesto de las familias.
Este tipo de dispositivos funcionan sin ningún tipo de supervisión ni garantía de pago, convirtiéndose en un foco de adicción—principalmente para menores de edad— y en una fuente de ingresos para redes informales.
Ante este panorama, el Gobierno del Estado hace un llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima la ubicación y operación de estos aparatos a través de la línea 089, con el fin de retirar los dispositivos de las calles y proteger el entorno comunitario.
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