La LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una serie de reformas en materia de justicia, protección a grupos vulnerables, derechos de la niñez, transparencia, seguridad social, derechos laborales y combate a la corrupción durante su Décima Quinta Sesión Ordinaria.
Entre los cambios avalados destaca el endurecimiento de las penas por homicidio doloso y lesiones calificadas cuando las víctimas sean menores de 16 años, personas mayores de 60 años o personas con discapacidad. Las modificaciones al Código Penal también incorporan expresamente a las personas con discapacidad como grupo protegido y eliminan restricciones que impedían agravar sanciones en casos cometidos con premeditación, ventaja, alevosía o traición.
Las y los legisladores aprobaron además reformas a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir de manera expresa cualquier forma de castigo corporal, físico o humillante contra menores de edad en todos los ámbitos de su desarrollo, incluyendo el hogar, la escuela y otros espacios de convivencia.
En materia de transparencia, el Congreso avaló la obligación para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado publique en formatos abiertos y accesibles los informes de resultados, informes especiales y reportes mensuales derivados de sus labores de revisión y fiscalización.
Otro de los puntos aprobados fue la posibilidad de que servidores públicos y pensionados afiliados al ISSSSPEA puedan acceder a créditos hipotecarios mancomunados junto con sus cónyuges, siempre que ambos sean derechohabientes del instituto.
Asimismo, se aprobaron reformas para ampliar derechos parentales y fortalecer las licencias por maternidad. Entre los cambios se contempla la posibilidad de extender hasta por cuatro semanas la licencia cuando el recién nacido sea prematuro o presente condiciones de salud que requieran atención especializada. También se incorporan medidas orientadas a fomentar la corresponsabilidad en las labores de cuidado familiar.
En el combate a la corrupción, el Pleno aprobó la creación del delito de ejercicio abusivo de funciones, que sancionará a servidores públicos que utilicen su cargo para otorgar beneficios económicos indebidos a familiares, socios o personas vinculadas, así como a quienes aprovechen información privilegiada para obtener ganancias personales.
Las sanciones por este nuevo delito podrán alcanzar hasta 12 años de prisión, dependiendo del monto involucrado en las operaciones realizadas de manera irregular.
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