El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó una iniciativa impulsada por el diputado José Trinidad Romo Marín, en conjunto con la legisladora Ana Laura Gómez Calzada, para sancionar la instalación de videocámaras y sistemas de videovigilancia que aparenten formar parte de infraestructura oficial de seguridad pública sin contar con autorización de las autoridades competentes.
La reforma adiciona el artículo 181 C al Código Penal del Estado de Aguascalientes y busca atender los casos en los que particulares colocan equipos con características similares a las utilizadas por corporaciones de seguridad, generando confusión entre la población y permitiendo la captación de información sin protocolos ni mecanismos de control.
De acuerdo con lo aprobado por el Poder Legislativo, quienes instalen este tipo de equipos sin aviso o autorización podrán enfrentar penas de entre tres y seis años de prisión, además de multas de 300 a 600 días y la obligación de reparar los daños y perjuicios que se ocasionen.
El diputado Trino Romo explicó que la medida pretende proteger la privacidad de las personas y fortalecer la confianza pública, al diferenciar claramente entre los sistemas legítimos de seguridad privada y aquellos mecanismos que buscan aparentar una función gubernamental sin estar facultados para ello.
El legislador señaló que este tipo de equipos pueden encontrarse en esquinas, fachadas, estacionamientos, condominios, plazas comerciales y otras zonas de uso común, donde su apariencia puede llevar a la ciudadanía a creer que forman parte de una red oficial de vigilancia.
Asimismo, sostuvo que la reforma proporciona a las autoridades una herramienta jurídica específica para actuar contra prácticas que podrían derivar en vigilancia encubierta, uso indebido de datos personales o incertidumbre sobre qué infraestructura pertenece realmente a las instituciones de seguridad.
Finalmente, Romo Marín afirmó que la modificación legal busca brindar mayor certeza a la población y contribuir a fortalecer la seguridad tanto en espacios públicos como privados, al establecer reglas más claras sobre el uso e instalación de sistemas de videovigilancia.
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