La Senadora Nora Ruvalcaba presentó ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Aguascalientes una denuncia en contra de las once magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes (STJE), por tomar atribuciones que no tienen conferidas violando el principio de legalidad.
Ese principio refiere que la autoridad solo puede hacer aquello para lo que está facultada, sin embargo, sin que ninguna ley les diera la facultad nombraron una presidenta violando además la Constitución estatal, señaló la también Senadora.
Expuso que independientemente del ámbito electoral, la Reforma al Poder Judicial aprobó un nuevo organismo llamado Tribunal de Disciplina Judicial que es el encargado de velar por que los juzgadores actúen con base en la ley.
Explicó que con fundamento en el artículo 55A de la Constitución Local se interpuso una denuncia administrativa por la falta grave de abuso de funciones señalada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice: “Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios…”.
Por lo tanto, sostuvo que las magistradas y magistrados cometieron varias irregularidades, entre ellas la celebración de una sesión privada, a pesar de que las mismas no se encuentran permitidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Asimismo, resaltó que algunas magistradas y magistrados declinaron a la presidencia del STJE, lo cual no se encuentra contemplado en ninguna normatividad, y por lo tanto no podían realizar esa determinación.
Denunció que es ilegal la designación de una magistrada como presidenta de este Tribunal que no cumple con el mayor número de votos durante la pasada elección al Poder Judicial, como lo contempla la norma jurídica y la Constitución local.
Finalmente señaló que el nuevo sistema de responsabilidades permite que cualquier ciudadano no solo denuncie sino que impugne las resoluciones administrativas, por lo que se alista para llevar hasta sus últimas consecuencias el procedimiento de responsabilidad administrativa.
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