Hasta septiembre de 2024, México acumulaba 681 peticiones de “medidas urgentes” del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, con lo que superaba a Irak (608), Colombia (233) y Cuba (193) en la demanda de acciones inmediatas para buscar, localizar y proteger a personas ausentes e iniciar investigaciones sobre su paradero.
Una “medida urgente” es una solicitud que el Comité hace a un Estado parte para que adopte de inmediato las medidas necesarias para hallar a la persona desaparecida, garantizar su integridad y esclarecer las circunstancias de su desaparición.
En el desglose histórico, el informe del CED muestra que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012‑2018) se registraron 349 de estas acciones urgentes, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018‑2024) se contabilizaron 332. Esta distribución muestra una crisis sostenida, pues a pesar de que las cifras se mantuvieron en niveles alarmantes, la respuesta institucional no logró reducir el ritmo de las solicitudes al organismo internacional.
El pasado 4 de abril, en un hecho sin precedentes, el CED activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, encaminado a que la crisis de desapariciones forzadas en México sea sometida al examen de la Asamblea General de la ONU. Esta medida implica que el Comité considera que las desapariciones son sistemáticas o generalizadas y que las acciones individuales ya no bastan para incidir en la realidad.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, rechazó categóricamente que exista una política de desaparición forzada desde el Estado y acusó a la ONU de “descontextualizar” la situación. Voceros oficiales han insistido en que las fuerzas de seguridad actúan dentro del marco legal y atribuyen la mayor parte de los casos al crimen organizado, postura que expertos como Jacobo Dayán critican por obstaculizar el reconocimiento de fallas sistémicas.
El propio CED documenta que “en la gran mayoría de los casos relacionados con desapariciones en México el Comité ha recibido información que revela fallas en el proceso de búsqueda e investigación, en ocasiones con datos muy detallados sobre los agentes públicos involucrados en actos que presuntamente han obstaculizado la investigación”. Esta señal de alerta destaca la participación o la omisión de funcionarios en la cadena de atención a las víctimas.
Para Michael Chamberlin, activista y exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, las medidas urgentes de la ONU suelen ser el último recurso de las familias ante la omisión o negligencia de las autoridades. Advierte que “entre más acciones urgentes se piden, menos urgente es la reacción del gobierno federal, por lo que se requieren otras medidas para atacar el fenómeno desde su raíz”. Su diagnóstico coincide con la visión de organismos civiles que demandan la creación de mecanismos independientes de investigación.
Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, señala que las 681 acciones urgentes reflejan la falta de respuesta generalizada para atender la búsqueda, investigación e identificación de más de 126,000 personas desaparecidas en el país . Horcasitas lamenta que el cierre del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la reducción de capacidad del Centro de Identificación Humana hayan debilitado la infraestructura forense nacional en el último año de la pasada administración.
A nivel local, Aguascalientes no ha estado exento de esta crisis. Según datos de Red Lupa, la capital del estado registró 262 casos de personas desaparecidas al 16 de mayo de 2024, cifra que representó un incremento frente al año anterior . En los primeros dos meses de 2025, el Observatorio de Violencia Social y de Género reportó 17 nuevas desapariciones, de las cuales 10 personas ya han sido localizadas y 7 continúan sin paradero conocido.
About The Author
