El sacerdote Juan Antonio Ávila Salas, quien hasta hace poco se desempeñaba como párroco en el templo de San Martín de Porres, ha sido vinculado a proceso tras ser acusado de violación sexual en contra de dos monaguillos. A pesar de que el delito por el que se le investiga es grave, el religioso logró evitar la cárcel al promover un amparo que le permitió continuar su proceso en libertad.
Su nombre y fotografía fueron exhibidos durante la marcha del 8M, donde manifestantes lo señalaron como responsable de delitos de tipo sexual. Sin embargo, el proceso judicial ha avanzado sin que hasta el momento pise prisión.
El juez encargado del caso determinó imponerle diversas medidas cautelares para restringir su movilidad y prevenir posibles nuevos ataques. Ávila Salas deberá acudir a firmar al CERESO cada quince días, tiene prohibido acercarse a menores de edad y al domicilio de las víctimas, además de que no podrá salir del estado.
El caso ganó aún más relevancia tras revelarse que el obispo de Aguascalientes tenía conocimiento de las acusaciones en contra del sacerdote y no actuó para evitar que siguiera en funciones.
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