
En una batalla controvertida sobre la política de inmigración, Texas se encuentra en el epicentro de un debate acalorado que podría tener consecuencias de gran alcance tanto para los migrantes como para Estados Unidos. Dos desarrollos clave han puesto este tema en el centro de atención: la reactivación de una ley polémica en Texas y la postura de México contra las deportaciones.
Texas, conocido por su postura firme en materia de inmigración, ha resucitado recientemente una ley destinada a detener y expulsar a los migrantes. La legislación, conocida como SB4, otorga a la policía local y estatal la autoridad para arrestar, procesar y deportar a inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Los críticos argumentan que la SB4 es draconiana, vulnerando los derechos humanos y violando las normas de convivencia.
Marcelo Ebrard, exministro de Relaciones Exteriores de México, no anduvo con rodeos al discutir el impacto potencial de la SB4. En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Ebrard advirtió que si la ley entra en vigor, “cualquier persona que ingrese a Estados Unidos sin la documentación adecuada se convierte en un delincuente”. Las implicaciones son graves: los migrantes podrían enfrentar detención o arresto basado en su apariencia física, un escenario que recuerda de cerca las prácticas de la era del apartheid.
Ebrard también expresó su preocupación de que la SB4 pudiera sentar un precedente peligroso. Si Texas implementa con éxito la ley, otros estados fronterizos como Arizona podrían seguir su ejemplo, arrebatando efectivamente el control de la política de inmigración al gobierno federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha trazado una línea en la arena. Afirmó categóricamente que México no aceptará deportaciones llevadas a cabo por el gobierno de Texas. Durante una conferencia de prensa, AMLO calificó la SB4 como deshumanizante e injusta, enfatizando que va en contra de los principios de los derechos humanos. Juró que México no permanecerá pasivo ante una ley de tal naturaleza.
Pero las implicaciones van más allá de Texas. Si la SB4 se mantiene, podría desencadenar un efecto dominó, permitiendo que otros estados moldeen independientemente sus políticas de inmigración. La autoridad del gobierno federal se vería socavada, reconfigurando potencialmente el panorama de la aplicación de la ley migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.
¿Qué sucede con los migrantes expulsados por Texas? Ebrard reveló que Estados Unidos podría optar por enviarlos de regreso al territorio mexicano. Sin embargo, México tiene el derecho de oponerse. “Podemos y debemos decir no a cualquier retorno bajo esta ley”, afirmó Ebrard. Hizo hincapié en que tales deportaciones violarían la soberanía de México y afectarían negativamente a sus ciudadanos.